El gobernador José Alperovich deslindó la gestión estatal con la crisis azucarera al afirmar ante la prensa que se trata de una actividad privada y que el Estado no tiene porqué intervenir. Sin embargo, cuestionó la actitud de los actores del sector en plena crisis agroindustrial, consecuencia del bajo precio del producto en el mercado interno a raíz de la sobreoferta y los altos costos de producción, entre otros inconvenientes. “Cuando el Estado quiere ayudar, ellos se retiran; el problema es de ellos”, criticó el mandatario aludiendo al “portazo” del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), mediante su representante, en el Directorio del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat), ente regulador del sector.

“El problema es que para que no haya azúcar de más (sobreoferta) y exista un buen precio, hay que exportar o hacer alcohol (por el programa bioetanol). Si a ese excedente (de azúcar) no lo exportan o no lo hacen alcohol, no es culpa del Estado, es culpa de ellos mismos (por cañeros e industriales)”, dijo.

“Es muy fácil decir ‘me voy’. Yo también me voy. Pero tiene que ser responsabilidad de ellos exportar o hacer alcohol para mantener el precio. El Estado no fabrica azúcar, ni planta la caña”, agregó Alperovich, quien hizo hincapié en que los industriales y los productores tienen la responsabilidad de resolver el actual escenario.

Luego de conocerse la postura del Gobierno, las entidades cañeras, Cactu, Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Cañeros Unidos del Este (CUE) y Unión Cañeros del Sur (UCS), ratificaron sus quejas a los empresarios y por la “falta de control del Ipaat” sobre los movimientos de producción y comercialización, aunque aclararon que el organismo debe continuar funcionando como instrumento para contrarrestar las deficiencias del mercado. Además, dijeron que el Gobierno tiene atribución al tratarse de la actividad que “más aporta a la economía provincial” (Producto Bruto Geográfico o PBG) y que mayor nivel de empleo directo genera, con 30.000 puestos directos.

“El gobernador debería estar a la cabeza en la pelea por el sector, porque cuando esta industria anda mal, todo Tucumán anda mal. No es un slogan, es la realidad”, dijo el titular de Cactu, Edmundo “Otto” Gramajo, quien ratificó la salida del Instituto. “Si los privados funden la provincia, también es responsabilidad del gobernador. La actividad contribuye muchísimo en la recaudación, el empleo. Se trata de una de las actividades de mayor redistribución en el país”, subrayó.

El vicepresidente de CUE, Marcelo Fernández, expresó que si bien las negociaciones se realizan entre privados, la industria sucro-alcoholera impacta en la sociedad. “El gobernador tiene razón en el sentido que debemos juntarnos, productores e industriales, para solucionar el problema. El Gobierno podrá darnos una mano, pero básicamente se resolverá cuando lleguemos a un acuerdo entre los actores y que ninguno saque los pies del plato”, enfatizó.

Las entidades cañeras volverán a reunirse la próxima semana y elevarán el pedido de audiencia con el titular del Poder Ejecutivo. En el encuentro consensuarán una especie de agenda que contendrá las medidas necesarias para intentar revertir la crisis sectorial. Esas acciones serán presentadas al Gobierno y se centrarían en: financiación para evitar la venta a bajo precio (alrededor de $ 220 la bolsa de 50 kilos) por necesidad financiera; participación en la plaza alcoholera y el aumento del porcentaje de mezcla de naftas con alcohol, con el fin de destinar los excedentes de azúcar, entre otros puntos. Como si fuera poco, prevén una alta producción para la zafra 2015.